Vulneración de derechos
Adeces presenta la petición a raíz de conocerse la masiva filtración de datos por parte de Facebook a Cambridge Analytica.
Asimismo, a pocas semanas de la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo.
La Asociación expresa que se están “vulnerando derechos como la libertad de expresión y opinión, consagrados en los textos constitucionales, en el Convenio Europeo y en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros textos internacionales”.
Según Adeces, de igual manera, se vulnera el derecho europeo, en concreto de las normas de protección de datos, con “la colaboración de Facebook, por acción y omisión”, con entidades que diseñan perfiles personales que generan determinadas acciones con la ayuda de “noticias falsas, robots y selección de noticias que encajan con los perfiles trazados”.
Estas acciones convierten a estas plataformas en “agentes al servicio de una causa sin su conocimiento”, como se ha visto con las acciones de Cambridge Analytica, señala la nota.
Teoría de “errores de Zuckerberg”
Adeces insta a las instituciones a no seguir “creyendo la teoría de los errores de (fundador de Facebook, Mark) Zuckerberg”, quien ante la demanda de comparecencia de las autoridades británicas ha pedido disculpas a los usuarios de ese país y ha derivado esa “visita” en dos directivos de la empresa.
La red social reconoció a mediados de marzo que estaba analizando informes sobre la recopilación de datos, sin previa autorización de los usuarios, por parte de Cambridge Analytica, empresa que desarrolla su actividad en “los ámbitos político, gubernamentales y militares”, según Adeces.
La empresa británica tuvo acceso a los datos de más de cincuenta millones de usuarios en 2013, antes de que Facebook desarrollara nuevas medidas para garantizar la privacidad en 2015.
Los usuarios
Adeces sostiene que las instituciones no pueden cargar “toda la responsabilidad a los usuarios”, olvidando el papel que los poderes públicos deben jugar en la protección de los mismos.
Para el usuario medio, según la Asociación, resulta complicado entender la “enmarañada” red de consentimientos, la política de cesiones y las finalidades que siguen”.
Por ello, Adeces considera necesario que las autoridades europeas impongan sanciones que conlleven que la “evaluación coste beneficio suponga un claro perjuicio para el infractor”. EFEfuturo
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